Integración pluralista en Bolivia

Una historia multiétnica

Bolivia, país sudamericano ícono de la riqueza del “nuevo mundo” en los tiempos de la colonización gracias al gran centro minero de Potosí, guarda tras de sí una historia marcada por conflictos sociales y étnicos. La diversidad de culturas precolombinas en el país al momento de la llegada de los españoles nos contextualiza en una historia en donde los fenómenos de mestizaje y aculturación han sido la base constitutiva de la que hoy conocemos como República de Bolivia.

Incluso antes de la llegada de los españoles, en el territorio boliviano existían problemas de identidades indígenas. El imperio incaico conquistó y unificó el territorio, imponiendo sus costumbres sobre las distintas etnias que convivían en la zona. Esta tarea homogenizadora fue continuada por los españoles quienes llegaron desde el viejo mundo con la idea de colonizar y evangelizar estos territorios “salvajes”, educando a los indios en base a sus creencias. Así, la idea de homogenización del territorio tiene sus raíces en la historia precolombina, y el problema del respeto y protección identitaria ha continuado a través de los años.

Hubo distintos levantamientos en contra de la esclavitud de indígenas en las plantaciones y existieron problemas territoriales y culturales que marcaron la lucha contra los misioneros y su intento por imponer sus costumbres. Luego de lograda la independencia, los problemas de integración continuaron. Durante el siglo XX las luchas indígenas se volcaron a las exigencias de derechos: la abolición de la hacienda y el derecho a la educación.

“La integración de las comunidades aborígenes y el surgimiento de una identidad colectiva no basada más que en el predominio de los blancos y, simultáneamente, el intento de modernizar la sociedad boliviana mediante la acción gubernamental pueden considerarse como los efectos de la llamada Revolución Nacional de 1952 [proceso de nacionalizaciones y reformas sociales]. Sin embargo, la creación de esta identidad colectiva no fue acompañada del reconocimiento específico para las identidades originarias de modo que los conflictos del pasado se reforzaban con los acontecimientos de la historia contemporánea y que, supuestamente, debían ser superados”.

Revolución de 1952 y el renacimiento de las peticiones indígenas.

A partir de la segunda mitad del siglo XX, la historia boliviana ha estado marcada por el auge de las peticiones indigenistas y campesinas. La Revolución Nacional de 1952 dio paso a grandes reformas: se refundó el Estado-Nación mestizo y homogéneo, se realizó una reforma agraria, se crearon escuelas rurales y se estableció el voto universal y la imposición nacional de los sindicatos.

Así, con esta revolución que dio paso a gobiernos que emprendieron un amplio programa de reformas económicas, decretando la nacionalización de las minas y el monopolio en la exportación del estaño, además de una importante reforma agraria en donde se parcelaron tierras y se distribuyeron entre los indígenas, las peticiones indígenas y obreras se vieron atendidas “a medias”, sin comprender –nuevamente- la identidad de los pueblos originarios.

“Con relación a la reforma agraria, ésta fue pensada ignorando a los “ayllus” [unidades territoriales familiares] y a las comunidades. El enfoque general se limitaba al aspecto de propiedad productiva –la tierra para el que trabaja- y en ese esquema no entraba una relación determinante para los indígenas: el territorio y la organización social”.

Los planteamientos indígenas se vieron apoyados por el nacimiento de dos organizaciones sindicalistas: La Central Obrera Boliviana y, más tarde, la CSUTCB, Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos, fundada en 1979 y la CIDOB, Confederación Indígena de Oriente Boliviano, creada en 1982. Estas últimas agrupaciones reivindicaron en la década de los 80` las peticiones en torno a políticas educacionales que reconociesen y aceptaran el derecho a la educación en las lenguas y culturas indígenas. Así, las peticiones en torno a interculturalidad y el bilingüismo se transformaron en el inicio de una nueva forma de ver y entender las culturas indígenas bolivianas.

Fue entonces como surgió en el inconciente colectivo del pueblo boliviano la problemática del reconocimiento indígena. Más aún, cuando se comienza a entender que un pueblo constituido en su mayoría por indígenas -alcanzando un 62% (cerca de 3,9 millones de personas), donde en las áreas rurales el 72% de la población habla lenguas indígenas- necesita políticas de carácter multiétnico y pluricultural.

Las organizaciones sindicales y los movimientos indígenas

Cuando Evo Morales asumió la presidencia de Bolivia, figuraban entre sus promesas de gobierno la inclusión de los indígenas en la sociedad y la nacionalización de los hidrocarburos, como una forma de terminar con la estructura neoliberal y la privatización de las empresas en el país.

Pero estas importantes reformas no serían posibles sin la organización y la acción social de dos importantes organizaciones indigenistas y campesinas en Bolivia: la Confederación Indígena de Oriente Boliviano y la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos. Ambas, han luchado continuamente por el reconocimiento de los pueblos originarios bolivianos.

La CIDOB nació en 1982 para representar a los 34 pueblos originarios de Bolivia en los procesos de fortalecimiento de los pueblos. Ellos establecen en su misión el deber de “defender los derechos de los pueblos indígenas de las Tierras Bajas de Bolivia a través de la representación ante instancias públicas y/o privadas, y del fortalecimiento de sus organizaciones representativas, en la búsqueda de su efectiva incorporación y participación en decisiones políticas, sociales, económicas y culturales del país, en los ámbitos del desarrollo local, regional, nacional e internacional.”

En un principio, esta organización se fundó con la participación de representantes de cuatro pueblos indígenas: Guaraní-izoceños, Chiquitanos, Ayoreos y Guarayos. En 1998 se realizó la 11ª Gran Asamblea Nacional de los Pueblos Indígenas en donde se consolidaron los grupos constituyentes de la CIDOB. A través de actuaciones institucionales, han logrado representar las opiniones indígenas en torno al reconocimiento nacional de sus identidades.

Por otra parte, la CSUTCB se establece como una organización que defiende la cultura y los derechos de los pueblos originarios, apelando a la importancia histórica de los indígenas en Bolivia. En su informativo sobre la historia de los movimientos indígenas en Bolivia, destacan la presencia de más de 12.000 comunidades indígenas que han conservado sus culturas y formas de vida en el altiplano. Ellos señalan que “el ayllu, aunque ya no está basado en el parentesco sino en la comunidad territorial, sigue vigente en zonas de Oruro, Potosí y La Paz. Sin embargo, los invasores han impuesto diversas formas de organización y de vida en los diferentes lugares”.

La sindicalización agraria y la representación indígena en Bolivia van de la mano. Los sindicatos son la base de estas organizaciones y movimientos indigenistas, y tienen participación activa en las distintas actividades a favor del reconocimiento indígena. En 1990 se realizó una marcha de más de 750 kms en donde participaron los pueblos amazónicos desde el Beni hasta la ciudad de La Paz. Esto, para lograr el reconocimiento del territorio de los pueblos originarios Chimanes y Sirionó.

“Para 1992, nos planteamos la Asamblea de Unidad de las Naciones Originarias para recuperar nuestra historia, memoria, pensamiento, identidad y territorio y avanzar hacia la independencia definitiva de nuestros pueblos por los caminos que nos han dejado como herencia nuestros héroes y mártires como Tupaj Amaru, Tupaj Katari, Apiawayki Tumpa y muchos más. El 12 de Octubre de 1992, confluyeron en las principales ciudades del país grandes marchas de cientos de miles de indígenas y campesinos, llegados a veces después de muchos kilómetros de caminata. Las wiphalas ondeaban por doquier, más que nunca antes. No habían banderas bolivianas, sólo wiphalas.”
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La meta principal de estas agrupaciones es construir un instrumento político propio y lograr el reconocimiento indígena constitucional. Hoy, esto se ha convertido en una posibilidad real con la asunción de Evo Morales a la presidencia del país, volviendo factibles las peticiones indigenistas en torno al reconocimiento y representatividad política en los procesos estatales bolivianos.

Evo y el MAS: los pasos hacia el reconocimiento multiétnico

La historia reciente Boliviana ha estado en constante movimiento social. Las reformas y peticiones históricas parecen haber encontrado la representatividad anhelada. Este proceso se acrecentó en el 2002, cuando el líder indigenista Evo Morales y el Movimiento Al Socialismo (MAS) lograron el 20,9% de los votos, 1,6% detrás del ganador de aquellas elecciones, Gonzalo Sánchez de Lozada. En las legislativas, el MAS sacó el 11,9%, lo que se convirtió, en la práctica, en 27 diputados y ocho senadores, transformándose en la segunda fuerza parlamentaria detrás de la alianza del Movimiento Nacional Revolucionario (MNR) y el Movimiento Bolivia Libre (MBL).

Años más tarde, y tras una constante oposición a las políticas de sus antecesores, el 22 de enero de 2006 Evo Morales ganó las elecciones bolivianas con el 54% de los votos. Su historia de vida de esfuerzo y sus raíces indígenas lo alzaron como la máxima expresión del cambio en el sistema político y social del país, en donde se unen las corrientes indigenistas representadas por Evo y la corriente socialista más clásica, representada por su vicepresidente, Álvaro García Linera.

Sin embargo, la oposición política y el rechazo de los prefectos de la “media luna” (regiones de Pando, Beni y Santa Cruz) ante las reformas constitucionales que este gobierno pretende implementar, han retrasado la aprobación de los ideales de Evo Morales y los movimientos indigenistas.

La actual constitución, modificada en 1994, sólo hace alusión a los derechos indígenas en el siguiente artículo:

“Artículo 171º.

I. Se reconocen, se respetan y protegen en el marco de la Ley, los derechos sociales, económicos y culturales de los pueblos indígenas que habitan en el territorio nacional, especialmente los relativos a sus tierras comunitarias de origen, garantizando el uso y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, a su identidad, valores, lenguas, costumbres e instituciones.

II. El Estado reconoce la personalidad jurídica de las comunidades indígenas y campesinas y de las asociaciones y sindicatos campesinos.

III. Las autoridades naturales de las comunidades indígenas y campesinas podrán ejercer funciones de administración y aplicación de normas propias como solución alternativa de conflictos, en conformidad a sus costumbres y procedimientos, siempre que no sean contrarias a esta Constitución y las leyes. La Ley compatibilizará estas funciones con las atribuciones de los Poderes del Estado”.

No existen políticas que incluyan y reconozcan, por ejemplo, el derecho a que los niños de pueblos indígenas sean educados en su propia lengua y cultura, uno de tantos temas que han exigido los movimientos indigenistas.

En la propuesta de nueva constitución de la CIDOB, se establecen los siguientes cambios:

“Artículo 1

Esta Constitución reconoce la preexistencia de las naciones y pueblos indígenas originarios, el dominio ancestral sobre sus territorios y garantiza su libre determinación que se expresa en la voluntad de conformar y ser parte del Estado Unitario Plurinacional, y en el derecho a controlar sus instituciones, al auto gobierno, a desarrollar su derecho y justicia propia, su cultura, formas de vida y reproducción, al derecho a reconstituir sus territorios y al derecho a definir su desarrollo con identidad.

Artículo 8

Son idiomas oficiales del Estado Unitario, Plurinacional Comunitario todos los idiomas de las naciones y pueblos indígenas originarios: Aymara, Araona, Zamuco (Ayoreo), Baure, Bésiro, Canichana, Cavineño, Cayubaba, Chácobo, Tsimane, Ese ejja, Guaraní, Guarasu’we (pauserna), Guarayu, Itonama, Leco, Machineri, Mojeño, Mojeño-trinitario, Mojeño-ignaciano, Moré, Mosetén, Movima, Pacawara, Quechua, Maropa (Reyesano), Sirionó, Tacana, Tapieté, Toromona, Puquina (Uru-chipaya), Weenhayek, Yaminawa, auki, Yuracaré y castellano. El Estado garantiza, protege y fomenta su desarrollo en cada una de las regiones donde se hablen estos.

TITULO TERCERO

DERECHOS DE LAS NACIONES Y PUEBLOS INDIGENAS ORIGINARIOS Y CAMPESINOS

Artículo 43

El Estado Plurinacional Comunitario reconoce, garantiza y protege los derechos de las naciones y pueblos indígenas, originarios y campesinos, de acuerdo con sus sistemas normativos principios, saberes y valores.

Artículo 44

Las naciones y pueblos indígenas, originarios y campesinos tienen los siguientes derechos:

A la identidad cultural, la libre determinación y la territorialidad, en el marco de la unidad del Estado Plurinacional.

A la titulación colectiva de sus territorios

Al ejercicio de sus sistemas políticos, autoridades, autogobierno y administración de justicia y gestión autónoma de sus territorios.

Al desarrollo y sistemas económicos acorde a su cosmovisión y realidad, en la búsqueda del “vivir bien”.

A ser consultados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles. En este marco se reconoce y garantiza el derecho al consentimiento previo vinculante respecto a los recursos naturales que se encuentren en su territorio.

A que sus prácticas y visiones culturales sean valoradas, respetadas y promocionadas, como parte de la identidad del Estado Plurinacional, así como sus emblemas y vestimentas.

A una educación de acuerdo a su cultura, historia, lenguas, sus necesidades y aspiraciones, orientada a su fortalecimiento y a la construcción de una sociedad intercultural.”

Es así como hoy, los movimientos sociales en Bolivia siguen tomando fuerza. Hace sólo unos días, una marcha de aproximadamente 8 mil indígenas y campesinos se realizó hacia La Paz, para exigir la aprobación del proyecto de ley que cita a los referendos para dirimir la propiedad de tierras y aprobar la nueva Constitución Política del Estado. Sin embargo, este 20 de octubre el oficialismo y la oposición acordaron que el Congreso boliviano convoque el 25 de enero de 2009 a un referendo de la nueva Constitución. Eso sí, los opositores al gobierno incorporaron cambios en el proyecto, que incluyen la inhibición de que el presidente Evo Morales se presente a una nueva reelección en los comicios de 2014.
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Conclusiones: Estado Plurinacional e identidad multiétnica

Los procesos sociales que vive hoy el pueblo boliviano son únicos en la región, y se caracterizan por la multiplicidad de identidades étnicas que conviven en el territorio nacional. La construcción de Estado-Nación boliviano ha seguido los procesos típicos de todos los países latinoamericanos, que han logrado su independencia de los conquistadores y colonos y han construido naciones en torno a la identificación en común de quienes viven en un territorio definido.

Sin embargo, este anhelo por constituirse como una República independiente y moderna ha generado una multiplicidad de conflictos de identidad y escaso reconocimiento de los pueblos originarios, su historia, tradición, cultura y lenguas.

El sentimiento de pertenencia a una zona geográfica específica no tiene que excluir el reconocimiento de las diferencias de los pueblos que habitan en él. Por el contrario, nuestras naciones, formadas en base al mestizaje y la multiculturalidad favorecida por los procesos de colonización, han establecido una población heterogénea que, desde el descubrimiento del continente hasta el día de hoy, posee características específicas no sólo en el pueblo Boliviano, sino que en todas las naciones latinoamericanas.

Hoy, la reivindicación de los derechos indígenas en Bolivia tiene en el máximo poder político nacional al líder indiscutido del movimiento indigenista. Y entre las prioridades de su gobierno no están sólo los intereses económicos, sino el desarrollo de un país que crezca a la par con el reconocimiento de las identidades que conviven en el territorio nacional.

“El círculo virtuoso de cultura y desarrollo sólo puede lograrse si la dimensión del desarrollo “llega a comprender” la cultura local, lo que generaría la facilitación de oportunidades genuinas de participación, y se promovería la toma de decisiones y el empoderamiento de la población a ser beneficiada”.

Este desarrollo inclusivo y participativo debe velar por el respeto y reconocimiento de las culturas específicas que necesitan tal desarrollo. El mundo indígena, en su diversidad, no sólo necesita ser asistido por el gobierno. Necesita ser reconocido en sus particularidades para crecer y desarrollarse desde sus propias identidades culturales, y no a la par con un sistema que no es propio de sus culturas.