Kenneth Roth, director ejecutivo Human Rights Watch: “Venezuela está yendo por el camino de la intolerancia”

El pasado 18 de Septiembre, en Caracas, se dio a conocer el informe de Human Rights Watch titulado “Una década de Chávez: Intolerancia política y oportunidades perdidas para el progreso de los derechos humanos en Venezuela”, en el cual se describe el debilitamiento de la democracia y los derechos humanos durante el gobierno de Hugo Chávez. Tras esto, el gobierno del líder bolivariano decidió expulsar al director del equipo de Human Rights Watch, el chileno José Miguel Vivanco, generando un mayor revuelo internacional, reforzando la idea de que en Venezuela no se están respetando las libertades civiles.

El informe, de 267 páginas, hace hincapié en el impacto que ha tenido el gobierno de Hugo Chávez en los tribunales, los sindicatos, la sociedad civil y los medios de comunicación. El director ejecutivo de la organización, Kenneth Roth, señaló que “Chávez pudo haber expulsado al mensajero, pero simplemente ha reforzado el mensaje: las libertades civiles en Venezuela están en peligro”.

El gobierno de Hugo Chávez afirmó que los motivos de la expulsión tienen que ver con un problema de irrespeto con el pueblo Venezolano además de complicaciones con el visado, a lo que Vivanco contestó –en entrevista con CNN- que no ingresó con una visa de turista, pues por ser ciudadano chileno sólo debió llenar el formulario en el que se declara el propósito de viaje. "Vamos a seguir trabajando por la defensa y la promoción de los derechos humanos y el estado de derecho en Venezuela. Creemos que la década de Chávez ha representado un grave deterioro en estos ámbitos como dijimos en nuestro informe. No vamos a claudicar, no vamos a ceder y esperamos que aquellos colegas defensores que viven en Venezuela puedan seguir trabajando con mucha fuerza para cambiar la situación interna"

A pesar del rechazo de esta medida a nivel mundial, la “comunidad democrática chilena” residente en Venezuela manifestó su apoyo a la decisión del gobierno de Chávez, emitiendo una declaración pública en la que señalaron que las declaraciones de Vivanco atentaban contra el pueblo y gobierno venezolano, aduciendo a una provocación de HRW, la cual –según señalan- es financiada por la USAID, para desestabilizar los gobiernos democráticos de Latinoamérica. Sin embargo, esta noticia fue emitida por la Radio Mundial, perteneciente al “Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información”, del Gobierno de Venezuela, lo que hace cuestionar la veracidad de ésta y tantas otras informaciones que llegan desde Venezuela.

El grave problema de la libertad de prensa

El punto IV del informe de HRW trata extensamente el tema del control de los medios de comunicación por parte del gobierno de Chávez. En éste, se explican las condiciones actuales de los medios de comunicación, polarizados entre los partidarios y detractores del presidente.

Entre las atribuciones que se ha tomado el gobierno de Chávez para limitar las opiniones críticas destacan las acciones y medidas para influir en el contenido, castigando las expresiones irrespetuosas hacia funcionarios del gobierno, ampliando leyes que castigan la difamación e injurias. Además, el gobierno tiene la libertad de suspender canales y radioemisoras cuando “promueva, haga apología o incite a la guerra, a alterar el orden público o a la comisión de un delito”. El mayor ejemplo de esto fue el cierre de Radio Caracas Televisión en el 2007.

Luego del intento de golpe el 2002, Chávez recrudeció su postura contra los medios privados, acusando a los Estados Unidos de dirigir los medios internacionales, lo que ha generado una mayor polarización en el país. Los periodistas de medios identificados con la oposición han sido amenazados y en varias ocasiones han sido víctimas de ataques físicos.

Todo esto ha provocado la limitación del acceso del público a la información, evidenciando la falta de transparencia por parte del gobierno al no garantizar el derecho de “buscar, recibir y difundir” información. Esto, a pesar de que la constitución de 1999 reconoce el derecho a la información.

Cabe recordar que, según el informe de Transparencia Internacional emitido hace algunos días, Venezuela aparece en el lugar 158 a nivel mundial, con una puntuación de 1,9 (en donde 10 es la mejor y 1 la peor puntuación), obteniendo el peor lugar en la región, superando sólo a Haití, lo que vendría a respaldar las observaciones del informe de Human Rights Watch.

Con todos estos antecedentes, la veracidad de los contenidos informativos provenientes del país bolivariano se encuentra en tela de juicio. El control y sesgo por parte del gobierno ha deteriorado aún más la imagen de Venezuela a nivel internacional. Y aunque algunos de los países de la región se han cuadrado con las ideas de Chávez, estas prácticas deslegitiman su gestión, debilitando la democracia no sólo a nivel país, sino también los esfuerzos Latinoamericanos por alcanzar mayores y mejores niveles de desarrollo en la región.